Denuncian organizaciones que en sus comunidades el Estado viola derechos y el Ejército los acosa
Carmen González Benicio / Tlapa
En el foro estatal denominado Por los Caminos de la Resistencia, organizado como parte
del 13 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, las
representaciones de los grupos sociales participantes coincidieron en que en sus
comunidades el Estado viola derechos humanos de manera sistemática, pues invade sus
territorios, se aprovecha de sus recursos y les impide tener medios de comunicación
propia.
Señalaron también que el Estado pretende dividirlos para acabar con los movimientos
sociales y las luchas por sus derechos humanos en defensa de sus territorios “pues,
siempre hay alguien que se deja sobornar y afecta la organización de todo un pueblo”.
Agregaron que eso no impide que se organicen para defenderlos.
Al foro, que se realizó en la Casa Católica, acudieron más de 400 personas, de 40
comunidades distintas, según el registro de Tlachinollan.
Como parte del 13 aniversario de Tlachinollan, este viernes, se realizaron paneles con
representaciones de comunidades al frente de movimientos sociales en defensa de su
territorio y de sus recursos. Se presentó un video de cada grupo participante.
Los primero participantes y el grupo más numeroso fue la Asamblea Permanente de
Ejidatarios y Trabajadores de El Carrizalillo, del municipio de Zumpango llegaron en un
microbús nuevo acompañados de un grupo musical para amenizar el 13 aniversario de
Tlachinollan, que realizó el acompañamiento jurídico para que lograran que la minera
Lusmin les pagara mejor sus tierras de donde extrae el oro.
Explicaron lo difícil que fue resistir los embates de los tres poderes de gobierno para que
acabaran con su movimiento y tener que cerrar filas al interior de su comunidad cuando los
empezaron a dividir para que dejaran trabajar a la minera.
Ejemplificaron que ellos son una muestra de que unidos pueden defender sus derechos y
sus recursos naturales para vivir mejor.
En su turno, uno de los representantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a
La Parota narró los años de lucha en contra de la construcción de la presa.
Hizo un recuento de las artimañas del gobierno municipal de Acapulco, en tiempos de
Alberto López Rosas, del gobierno estatal de Zeferino Torreblanca Galindo, del federal con
Vicente Fox y ahora el de Felipe Calderón para llevar a cabo ese proyecto sin importarles
las más de 100 mil personas que serán afectadas.
Una comisión de la radiodifusora comunitaria Ñomndaa, de Xochistlahuaca dijeron ser
reprimidos por la alcaldesa Aceadet Rocha Ramírez porque a través de la radio le dan
información a su grupo étnico. Además de recibir acoso de paramilitares y de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes por no tener un permiso para transmitir y con ello le
quitan el derecho a los pueblos de contar con medios de comunicación en su lengua.
Los siguientes participantes fueron los de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y
del Pueblo Na savi, del municipio de Ayutla quienes lamentaron el poder que se le está
otorgando al Ejército porque desde hace años ellos han sufrido la represión de los
militares y, ahora “Felipe Calderón lo que hace primero es aumentarles el sueldo”, dijeron.
Lamentaron que el gobierno y la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos
Humanos no hagan nada ante las denuncias hechas por la constante violación a sus
derechos humanos por parte de los militares.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) o Policía Comunitaria
habló de su proceso organizativo y cómo el Estado, a lo largo de sus 12 años, la ha
golpeado para acabar con esa organización comunitaria de los pueblos de la
Costa-Montaña.
Informaron de su dirección electrónica www.policiacomunitaria.org y de la creación de una
radio para difundir la información de sus pueblos como lo hace la de Xochistlahuaca.
Por su parte el Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Me’phaa de la variante
de Huehuetepec, en voz de su presidente Cándido Félix Santiago acusó al gobierno de
Zeferino Torreblanca Galindo, a quien apoyaron en su campaña, de persecución política en
su contra y de otros 12 integrantes de la organización por buscar la reivindicación de su
variante lingüística me’phaa de Huehuetepec.
Félix Santiago está libre bajo fianza por los delitos de privación personal de la libertad y por
ataques a vías de comunicación como resultado de sus movimientos para exigir
profesores que hablaran su variante lingüística al ser ésta un derecho.
Para hoy se tienen programadas mesas de trabajo con todas las organizaciones
participantes de donde saldrán algunos resolutivos y por la noche se dará el informe
número 13 de Tlachinollan.